Por Amanada Leiva
La crisis política que Guatemala ha enfrentado en los últimos periodos de gobierno, ha hecho que la población despierte y alce la voz.
El artículo 33 de la Constitución Política de Guatemala indica que manifestar en reunión pacífica y sin armas es un derecho de todo ciudadano y no puede ser restringida, disminuida o coartado, La ley los regulará con el único objetivo de garantizar el orden público.
Durante la manifestación del pasado 21 de noviembre en la Plaza Central, manifestantes fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), situación que desencadeno críticas, desconfianza y repudió.
Si bien la imagen de la PNC se ha visto afectada por diferentes situaciones, su actuar en contra de manifestantes desató la interrogante en los ciudadanos del manejo de la institución por parte de las autoridades y el enojo de los guatemaltecos por las acciones ejecutadas contra la integridad física de las personas.
Varias manifestantes fueron golpeados, arrastrados y arrestados, no importando género y sin ninguna prueba de algún acto delictivo.
Algunos pasaban por el lugar en el momento y hora equivocada. Los acusados fueron liberados, el Juez Mynor Godoy otorgó falta de mérito.
Detenciones al azar y el uso de gas lacrimógeno fue lo que la población reclamaba a las autoridades e indicaban el abuso de autoridad y fuerza. ¿Dónde están los derechos humanos de los manifestantes?
¿Aplicar la fuerza es forma de coaccionar y generar temor?, además del temor lo que sí evidencia la fuerza policiaca es la falta de entrenamiento, durante el uso de gases lacrimógenos, varias personas notaron que un grupo de Fuerzas Especiales Policial no tenía control para manejar ese tipo de armas.
Por el uso de esas armas, resultaron heridas varias personas, un fotógrafo particular que capturaba imágenes de la manifestación recibió un impacto por una bomba lacrimógena en el píe, tuvo que recibir atención médica inmediata.
Los guatemaltecos vivieron un despertar histórico en 2015, al unirse y levantar la voz pacíficamente, exigiendo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez y rechazando los actos de corrupción que eran evidentes en la gestión.
Los guatemaltecos han continuado protestando contra la corrupción y continúan exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de diputados que no benefician a la población con aprobaciones de leyes.
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